Jarduera

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON EL DÍA MUNDIAL CONTRA LA PENA DE MUERTE

Las Juntas Generales de Gipuzkoa, máximo órgano de representación de la ciudadanía guipuzcoana, mantienen desde siempre un compromiso unánime en contra de la pena de muerte y en favor de su abolición en todos los países del mundo.

En ese sentido, la Cámara guipuzcoana, comprometida con la defensa del derecho a la vida como derecho inalienable de todas las personas, mantiene un pronunciamiento sostenido de considerar la pena capital un acto brutal que anula el valor de la vida humana y es símbolo de terror, crueldad y primitivismo.

Por tanto, hoy como siempre, el Parlamento guipuzcoano se posiciona a favor de la lucha abolicionista de millones de personas en el mundo y aplaude la labor de organizaciones nacionales e internacionales, asociaciones no gubernamentales y activistas de los derechos humanos, bajo la común consideración de que la pena de muerte es la expresión absoluta de violación de los derechos humanos y supone la expresión totalitaria de una disposición incomprensible de la vida de las personas por parte de los estados.

El Parlamento guipuzcoano denuncia y expresa su profunda preocupación porque la pena capital se impone en determinados Estados, persiguiendo como delito lo que sólo son derechos de los ciudadanos libres e iguales: desde el derecho a la no discriminación por razón de sexo y opción sexual, castigando a mujeres y homosexuales hasta la apostasía o renuncia formal a la propia religión, persiguiendo entonces la libertad de culto y pensamiento.

Asimismo, esta Cámara parlamentaria denuncia con igual firmeza que la pena capital viene unida, también, a la vulneración de otros derechos fundamentales como son el derecho a la justicia y a un proceso judicial con las garantías debidas. Es entonces cuando la pena de muerte deviene además en un castigo racista y clasista que se impone a los colectivos más desfavorecidos y con menos recursos. La imposición de la pena capital y la ejecución de una persona es aún "una cuestión de dinero" en muchas partes del mundo, donde el evitarla es sinónimo de alta capacidad económica o gran poder social para afrontar los gastos de una adecuada defensa letrada.

Gipuzkoa ha conocido de cerca todas esas caras oscuras de esa pena éticamente rechazable, indigna e irreversible. Los jóvenes de origen guipuzcoano Pablo Ibar y Paco Larrañaga fueron condenados a la pena capital y sus familias han luchado incansablemente, acompañados de toda la sociedad vasca y la guipuzcoana, por salvar a los mismos de la aplicación de esa pena injusta.

En el caso de Paco Larrañaga, celebramos la conmutación de la pena capital por el estado filipino y nos mantenemos a la espera de su retorno al estado español para el cumplimiento de la pena de privación de libertad.

Sin embargo, en la prisión de Starke del estado de Florida, en los Estados Unidos de América, Pablo Ibar continúa consumiendo sus días en el corredor de la muerte, a la espera de que en ese país se subsane el juicio injusto, ilegal e indebido en el que el joven de origen guipuzcoano fue condenado a muerte.

Las Juntas Generales y la sociedad guipuzcoana seguimos esperando que el enorme trabajo y la lucha incansable de su familia y amigos, así como del conjunto de todas las instituciones, consigan que Pablo Ibar tenga el derecho a un juicio justo y con las garantías debidas. Aquel que no tuvo porque no dispuso de los recursos económicos suficientes para defenderse y así poder evitar la imposición de la pena capital por el estado de Florida.

En virtud de lo anterior, las Juntas Generales de Gipuzkoa promueven la siguiente DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:

1. Las Juntas Generales rechazan la pena de muerte en todo lugar y bajo cualquier circunstancia, por ser una forma de castigo discriminatoria, inhumana, irrevocable y una forma de punición atentatoria de los derechos humanos.

2. Las Juntas Generales de Gipuzkoa manifiestan nuevamente ese rechazo a la pena capital, en consonancia con el sentimiento mayoritario de la sociedad guipuzcoana que ha expresado pública y continuadamente su defensa del derecho a la vida y la del respeto a todos los derechos humanos fundamentales.

3. El Parlamento guipuzcoano se posiciona a favor de la lucha abolicionista de millones de personas en el mundo y aplaude la labor de organizaciones nacionales e internacionales, asociaciones no gubernamentales y activistas de los derechos humanos a favor de la desaparición de la pena capital en todo los países, y, en todo caso, a favor del cumplimiento de las decisiones de los organismos internacionales de moratoria en las ejecuciones; ello en el convencimiento común de que la pena de muerte viola el derecho fundamental a la vida de todas las personas.

4. Las Juntas Generales muestran su apoyo a Pablo Ibar y a sus familiares y amigos, trasladándoles su solidaridad y la confianza que mantenemos en la próxima resolución de su caso. En ese sentido, esperamos que por parte de las autoridades judiciales competentes en el Estado de Florida se subsane el error cometido en el anterior juicio por el que fue condenado a muerte, mediante la celebración de un nuevo proceso judicial con las debidas garantías que le procure a Pablo Ibar un juicio justo y una defensa adecuada.

5. El Parlamento guipuzcoano quiere trasladar a la familia Larrañaga su ánimo y aliento en esta fase final de la dolorosa y larga lucha mantenida para evitar la ejecución de Paco Larrañaga y conseguir su traslado a España, convencidos en que ese día del regreso está próximo.